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Se espera por una decisión de la jueza que lleva el caso
Gobernación consignó listado de trabajadoresbeneficiados con
liberación de Bs. 50.1 millardos
26 de
marzo de 2007
“Ya determinamos y cuantificamos. Son cerca de cuatro millardos de bolívares
para el pago de 8 mil 799 trabajadores entre jubilados y activos”, dijo
Asdrúbal Quintero, procurador general del Estado Zulia. Progresivamente el
Ejecutivo zuliano irá consignando por ante el Juzgado Contencioso
Administrativo de la Región Occidental la data del resto de los
trabajadores, por ser un proceso complejo.
La Gobernación del estado Zulia, a través del procurador general del estado,
Asdrúbal Quintero, consignó este lunes por ante el Jugado Superior en lo
Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, un listado de 8
mil 799 trabajadores activos y jubilados de la Salud, Educación y Dirección
Superior, a quienes se les adeuda un bono único de 450 mil bolívares desde
el año 1999 y que podrá ser cancelado si la jueza que lleva el caso de los
50.1 millardos, libera, al menos, la cantidad de 3 mil 959 millones 550 mil
bolívares, del dinero que permanece congelado en una entidad bancaria, tras
la medida de embargo.
Los detalles del procedimiento legal fueron difundidos por Asdrúbal
Quintero, a su llegada a la sede del Poder Judicial Zuliano, en las
instalaciones del antiguo Bancomara, donde ofreció los pormenores de la
nueva propuesta que está intentando el Ejecutivo zuliano, para garantizar la
paz laboral y honrar los compromisos con los trabajadores de gestiones
gubernamentales anteriores, incluyendo la de Francisco Arias Cárdenas.
Precisó el procurador general del estado Zulia que la intención de toda esa
trama que se inició en el pasado mes de octubre, ya comienza a develarse,
que es ir en contra del gobernador Manuel Rosales. “El antejuicio de mérito,
como no han podido hacerlo en otras oportunidades, pretenden ahora con un
elemento nuevo, con una novela nueva”.
Agregó que no se puede hablar de desacato, porque la sentencia del 14 de
febrero, a la cual se apeló, es bien clara. “No puede haber desacato porque
esa sentencia está subordinada a una condición que es que la Gobernación
determine los conceptos y todos sabemos que eso es algo tan complejo, porque
se trata de deudas que datan de hace más de 20 años, y de gestiones
anteriores como bien lo dijo el gobernador Manuel Rosales”.
“Entonces nosotros el 5 de marzo vinimos a consignar una propuesta para
dársela al tribunal. En ese primer intento de conciliar en este problema y
cumplir, la jueza resolvió rechazando esta propuesta el 7 de marzo. Pero es
algo muy curioso, porque desde el 15 de febrero yo he apelado de la
decisión, y todavía estoy esperando que la juez resuelva escucharme la
apelación para que los recaudos vayan a Caracas. Fíjense la dilación ante
todos los pedimentos que hacemos nosotros”.
Manifestó que la juez tenía que fijar la audiencia desde el pasado mes de
noviembre y que para ello gozaba de un lapso de 96 horas, sin embargo esto
no se hizo sino hasta el 5 de febrero, es decir tres meses después.
“Fíjense, la apelación la ejercimos el 15 de febrero y todavía estoy
esperando”.
Dijo que hoy se presenta una nueva propuesta. “Se trata de una data muy
compleja. Hay que revisar trabajador por trabajador, más de 45 mil activos y
más de 8 mil jubilados, pues bien, uno de los conceptos que señalaron estos
señores en el recurso. Nosotros estamos consignando un listado, con nombres,
apellidos, cédulas, cargos y lo que les corresponde del pago de un bono 450
mil bolívares que era del año 99, que era de la aplicación de un tabulador,
cuando Arias Cárdenas era gobernador, quien incumplió ese concepto y es uno
de los conceptos que reclaman los accionantes”.
“Pues bien, ya determinamos y cuantificamos. Son cerca de cuatro millardos
de bolívares para el pago de 8 mil 799 trabajadores entre jubilados y
activos. Estamos consignando aquí, pidiendo a la juez que libere estos
recursos para que nosotros procedamos a la cancelación inmediata. Esto es
como un inicio y progresivamente iremos consignando otros listados para
entonces logar que se vayan liberando los recursos e ir cumpliendo con lo
ordenado por el tribunal”, adicionó Quintero.
Aclaró que ellos (la Gobernación) seguirán adelante con la apelación, porque
a su juicio esto es una írrita sentencia y esperan que en el tribunal de la
alzada la revoquen.
Indicó, igualmente, que a raíz de esta maniobra, la cual calificó de
politiquera, se ha dejado de un lado el interés de los trabajadores. “Todo
el mundo ha sido testigo. Aquí lo que se persigue es el interés político y
es lo lastimoso que se utilicen a estos señores jubilados para que se
maniobre en busca de enjuiciar al gobernador Manuel Rosales”.
“Queremos pagar”
Por su parte, el secretario de estado de asuntos administrativos, políticos
y laborales del gobierno del estado Zulia, Nelson Carrasquero Acosta, no
quiso calificar a la juez que lleva el caso, manteniendo así la posición que
desde siempre asumió cuando era abogado en ejercicio.
Carrasquero reiteró lo dicho por el gobernador del Zulia, Manuel Rosales,
quien ha manifestado estar dispuesto a pagar. “Nosotros queremos pagar, la
primera propuesta que hicimos fue para eso y la segunda está orientada en
ese sentido. Entonces, no entendemos que se nos obligue a pagar y el dinero
siga embargado. Hay calificativos que se dilapidaron los bienes, que fueron
robados, etcétera, ¿no está embargado?, el dinero está en un banco por orden
de un tribunal, que liberen la medida y nosotros pagamos a los trabajadores,
así de sencillo”.
“Lo sorprendente es que la Ley de la Procuraduría General de Venezuela
determina que esos son bienes inembargables, la Ley de la Procuraduría del
Estado determina que esos son bienes inembargables; la Ley de Control del
Ejercicio Presupuestario y Financiero determina que esos son bienes
inembargables; la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela y la
Constitución del estado Zulia determinan el procedimiento a seguir cuando
hay un crédito adicional, que fue lo que nosotros hicimos”, añadió el
representante del Ejecutivo zuliano.
“Ahora, yo no sé cómo irá a hacer la juez para ejecutar la medida, porque
para nosotros ese amparo era inadmisible o es inadmisible, porque el amparo
es individual. El amparo no puede nunca sustituir el procedimiento ordinario
y lo que se reclaman son conceptos laborales, no son indemnizatorios porque
el amparo no es indemnizatorio, el amparo lo que hace es restituir un
derecho cuando este derecho está infringido”, aclaró.
Dijo que lo más grave es que con un amparo se les atribuye un beneficio a
personas que ni siquiera forman parte del proceso. “El proceso es
individual, no es colectivo. Ellos tenían que haber ido al procedimiento
ordinario porque no es denegación de justicia sino que la ley establece el
procedimiento que se debe seguir, por eso es que la juez no haya como
ejecutar la medida porque allí no hay cantidad de dinero, no hay número de
personas beneficiarias y luego no hay ningún señalamiento de daño, ni monto
del daño ocasionado, que es el fundamento del amparo. Cómo se va a ejecutar
eso, para mi esa es una sentencia inejecutable”.
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