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Ante el tribunal Contencioso Administrativo de la zona
occidental
Gobernación del estado Zulia presenta
propuesta para cancelar pagos a jubilados
06 de
marzo de 2007
El Ejecutivo propone cancelar de manera inmediata algunas de las
deudas que pertenecían a gobiernos anteriores. “El propósito es entender que
ese dinero congelado, embargado en el banco por orden del tribunal se va a
desvalorizando, esto afecta a los trabajadores que tienen derecho a sus
pagos y en este orden de ideas el trabajador prefiere llegar a este vía el
convenio para defender sus derechos”, expresó Carrasquero.
El procurador Asdrúbal Quintero, la Secretaría de Administración del
Ejecutivo regional, Zulay Medina; la directora de Recursos Humanos de la
Gobernación del estado Zulia, Natalia Machado y el Secretario de
Administración y Asuntos Políticos del Gobierno regional, Nelson Carrasquero
hicieron acto de presencia ante el Tribunal Contencioso Administrativo para
entregar la propuesta de pago para los jubilados.
De esta manera se formaliza ante este tribunal la propuesta que fue
mencionada por el gobernador, Manuel Rosales, en su alocución del día
jueves. La intención del Gobierno regional es que la jueza superior en lo
civil y contencioso participe como mediadora de esta propuesta, propicie un
diálogo entre ellos y los representantes de los trabajadores para que juntos
encuentren una respuesta que fortalezca sus intereses.
Según Carrasquero, el Gobierno regional propone cancelar de manera inmediata
algunas de las deudas que pertenecían a gobiernos anteriores, entre ellas:
vacaciones vencidas a obreros jubilados de Obras Públicas del Estado que
beneficiarían a 423 personas con un monto de 997.991.209,35.
Se cancelará además, explicó Carrasquero, un bono de 450.000 bolívares por
la no aplicación del tabulador del año 1999 a todos los obreros activos y
jubilados de salud, educación y dirección superior, el mismo se cancelará a
8.958 trabajadores con una inversión de Bs. 4.031.100.000.
Mientras que la homologación de pensiones de sobrevivientes a salario mínimo
actual que se aplicaría para 1.521 personas con una inversión de Bs.
3.318.376500. En Sentencias judiciales por honrar se debe Bs. 2.502.069.930,
total a cancelar Bs. 10.849.537.639.
“El propósito es entender que ese dinero congelado, embargado en el banco
por orden del tribunal se va a desvalorizando y esto afecta a los
trabajadores que tienen derecho a sus pagos y en este orden de ideas el
trabajador prefiere llegar a este vía el convenio para defender el derecho a
los trabajadores como siempre lo hemos venido desarrollando”, expresó
Carrasquero.
Además acotó que esta política va en beneficio de los trabajadores, pues
cuentan con 395 millardos que representa la firma de contrataciones
colectivas recientes para dos años. También se ha proporcionado el
incremento del seguro de Hospitalización Cirugía y Maternidad, y el salario
mínimo. “Esto determina que la política laboral que el Ejecutivo regional
tiene es acertada, que va en defensa de los trabajadores y la estabilidad
familiar”.
Con este planteamiento pretenden satisfacer las necesidades de 12 mil
trabajadores. El convenio depende de la receptividad que tenga la propuesta
por parte de la juez y los trabajadores, quienes estarían en la oportunidad
de recibir de inmediato su pago.
“Nosotros estamos asumiendo una conducta seria, sensata y acorde a los
beneficios sociales en protección de los trabajadores. Si se quiere estamos
pagando precisamente lo que ellos han pedido. Si hay otro interés como hemos
señalado ya es responsabilidad de cada quien”, aclaró Carrasquero.
La propuesta fue recibida por el secretario del tribunal, con su sello,
porque la juez en ese momento no se encontraba en esa instancia.
Joremy Borjas
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